cultura
Cataluña deberá explicar por qué no devuelve los papeles que no son suyos
La Generalitat tiene 19 días para presentar sus razones por escrito al Tribunal Superior de Justicia
Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga a la Generalitat de Cataluña a que en el plazo de 19 días explique por escrito por qué no devuelve al Archivo de la Guerra Civil, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) con sede en Salamanca, «todos los documentos que mantiene indebidamente en su poder», reveló ayer el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez de la Iglesia, tras recibir la citada resolución el pasado 21 de este mes de enero.
Esto supone, en palabras del abogado del colectivo Ernesto Tomé, que la Generalitat de Cataluña «se ve abocada a un proceso judicial que ha tratado de abortar por todos los medios, y que debe contestar a la demanda», al tiempo que entiende que en ese escrito el Gobierno catalán «expondrá las razones por las que pretende quedarse definitivamente con los documentos».
Admitida a trámite
Fue en marzo de 2014 cuando el TSJC admitió a trámite la demanda judicial presentada por Sánchez de la Iglesia contra el departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña por «el expolio del Archivo de Salamanca», pero en vez de responder a ella, el Ejecutivo catalán optó por pedir «la inadmisibilidad del recurso, por considerar que el demandante no tenía legitimación activa para sostener la acción», solicitud a la que se adhirió la Asociación Cultural «Comisión de la Dignidad», que se ha personado, junto a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), en calidad de partes codemandadas.
Una vez que el tribunal «respalda nuestra reclamación», sostiene el letrado, no le «cabe duda alguna» que tanto la Generalitat de Cataluña como las demás entidades personadas «tratarán de impedir por cualquier medio que se entre a conocer las numerosas y graves irregularidades cometidas» con el trasladado de documentos desde el CDMH.
Primero Policarpo Sánchez a título individual y después como presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca viene reclamando desde hace ya varios años el regreso a la capital salmantina de aquellos documentos que «no fueron incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, delegación o secciones en Cataluña», tal y como recoge la Ley de Restitución 21/2005.
También exige, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2013, la devolución de los documentos que «no han sido restituido a sus legítimos propietarios», así como los que «no han sido digitalizados en su integridad ni compulsados».
Con la decisión judicial ahora adoptada a Sánchez de la Iglesia no le queda ninguna duda de que van «a ganar, pues sólo estamos pidiendo» que el presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, «cumpla la Ley y la sentencia del Tribunal Constitucional o si no que se atenga a las consecuencias de vivir en un Estado social y democrático de Derecho como es España».
Asimismo, sostiene que al consejero de Cultura Ferran Mascarell, «le será muy difícil resistir en el Tribunal la mirada de las familias afectadas, que han pedido el retorno de sus documentos al Archivo de todos los españoles, con sede en Salamanca».
Importante significado
La resolución del TSJC, que es firme y frente a la que no cabe recurso alguno y que firman los magistrados que componen ese tribunal, tiene «un significado importantísimo», concluye el presidente Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, «porque toda la estrategia de la Generalitat para abortar la demanda queda desbaratada».
La última salida de documentos y que el alcalde de la capital salmantina, Alfonso Fernández Mañueco, dijo de ella el mismo 4 de diciembre cuando de madrugada se produjo el traslado que zanjaba «definitivamente» la salida de papeles para «la Generalitat de la Cataluña o para cualquier otro lugar» incluyó, según las estimaciones de Sánchez de la Iglesia «260 cajas, de las que 238 contenían documentos y 350 libros, además de carteles y banderas».
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